El proceso para la designación de los doce magistrados del Tribunal Constitucional contempla que cuatro sean elegidos por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Los mandatos duran nueve años y se renueva un tercio cada tres años.
Para su nombramiento se requiere que los candidatos sean juristas de reconocida competencia, con al menos quince años de ejercicio profesional, y que alcancen mayorías cualificadas en las Cámaras. Esta normativa -establecida en el Título IX de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1979– garantiza que el órgano que vela por la Constitución tenga legitimidad democrática y estabilidad institucional.
