


Cada uno de los diputados y diputadas representa a la totalidad del pueblo español, no únicamente a los ciudadanos de la provincia por la que han sido elegidos.
Además, no están sujetos a mandato imperativo lo que significa, entre otras cosas, que tienen libertad de voto en el Pleno y las Comisiones y que solo responden con su escaño ante los ciudadanos y ciudadanas que los han votado en unas elecciones generales.
Cada diputado o diputada representa a la ciudadanía y participa en todas las funciones parlamentarias: legislar, controlar y orientar políticamente al Gobierno.
Tiene el derecho y el deber de asistir al Pleno y las Comisiones a las que ha sido asignado para debatir y aprobar leyes, para ejercer el control y la orientación política al Gobierno y para adoptar las decisiones que les encomienda la Constitución y el Reglamento.
En la función legislativa puede presentar proposiciones de ley – con otros 15 diputados y la firma del portavoz- y registrar enmiendas al articulado.
También controla la actuación del Gobierno, mediante preguntas orales o escritas, interpelaciones o solicitudes de información al Gobierno y la administración pública.
El diputado o diputada tiene derecho a participar con voz y voto en el Pleno y en las Comisiones de las que formen parte, presentar iniciativas, formular preguntas e interpelaciones y solicitar información al Gobierno.
Entre sus deberes se encuentran asistir a las sesiones y respetar el orden parlamentario.
También debe cumplir el régimen de incompatibilidades, para lo que deben presentar una declaración de actividades; declarar sus bienes y rentas al menos al inicio y al fin de su mandato; y cumplir las obligaciones de transparencia previstas en el Reglamento y en el Código de Conducta de las Cortes Generales.
Para saber más:
Las prerrogativas parlamentarias son garantías institucionales que protegen a los diputados y diputadas, como representantes de los ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones:
Para saber más:
Los diputados reciben una compensación económica por el ejercicio de su mandato representativo llamada asignación constitucional. No se trata de un sueldo, puesto que no mantienen con la Cámara una relación laboral. La cuantía se fija por la Mesa y se carga al presupuesto de la Cámara, que se incluye como partida en los Presupuestos Generales del Estado.
Los diputados perciben también una indemnización para asumir gastos vinculados al ejercicio del cargo. Es una misma cuantía y depende de la circunscripción por la que han sido elegidos: la de los diputados por Madrid es menor que la de los parlamentarios elegidos por el resto de las provincias.
Además de la asignación constitucional y la indemnización por el ejercicio del cargo se aplican complementos a los diputados que ejercen responsabilidades específicas — ser portavoz o miembro de la Mesa de la Cámara o de alguna de las comisiones -. Estos complementos no son acumulables.
Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
Para saber más:
El Código de Conducta de los diputados es el conjunto de normas que regula principios éticos, obligaciones de transparencia y pautas de comportamiento en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
El Código establece que los diputados deben declarar sus intereses económicos, evitar situaciones de conflicto de intereses y regular su relación con grupos de interés.
Para saber más:
Los grupos parlamentarios tienen derecho a participar en los órganos del Congreso, en función de su número de diputados. También pueden intervenir en los debates, presentar iniciativas legislativas, registrar enmiendas; ejercer funciones de control al Gobierno, presentar proposiciones no de ley y mociones…
Los grupos reciben medios materiales y económicos para el desarrollo de su actividad parlamentaria, cuya asignación y control corresponde a la Mesa del Congreso. Así, tienen derecho a una asignación económica que varía en función del número de diputados, También pueden nombrar a su propio personal de acuerdo con el número de diputados.
Deben respetar las normas reglamentarias y garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos asignados.
Para saber más: